¿Tiene la Alhambra quién la defienda?

Asistimos en estos días a un intenso debate en defensa de los remanentes de tesorería generados por miles de Ayuntamientos del país, porque en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el iluminado alcalde vigués, el socialista Abel Caballero, se adoptó con su voto de calidad, la resolución de que los fondos acumulados en concepto de ahorro de los consistorios se entreguen al ministerio de Hacienda para aplicarlos a sufragar gastos relacionados con la covid-19.

Desde el primer momento tal decisión ha generado la polémica. Numerosos alcaldes y representantes provinciales han planteado su oposición abierta, entre ellos el alcalde de Granada, Luis Salvador, del partido Ciudadanos que, con no poca habilidad, gobierna una ciudad como Granada con solo 3 concejales. La polémica lejos de amainar se acrecienta y no parece que pueda haber un punto de inflexión que permita encontrarse a las partes enfrentadas, es decir, a la mitad de los representantes municipales de España con la otra mitad.

Entre los del bloque teóricamente favorable a la entrega “voluntaria” de los fondos generados por sus propios vecinos comienzan las deserciones, y habiendo comenzado el alcalde de Pozuelo de Alarcón, son ya varios los primeros ediles de ayuntamientos socialistas, los que se han rebelado. Su argumento es lógico y sencillo; muy fácil de comprender. Si estos fondos se han ahorrado con el esfuerzo de sus vecinos para dedicarlos a la mejora de su calidad de vida y entre otras acciones al gasto social y con ello para la lucha contra los efectos de la pandemia, que sean ellos los que los que apliquen y los disfruten, máximo cuando la Ley de Haciendas Locales lo impone. El argumento baladí de que “se entreguen voluntariamente al Estado y que este los devolverá en 15 años por medio de transferencias de capital”, no solo no convence a tirios ni a troyanos, sino que presenta bastantes dificultades legales para materializarse salvo que se produzca, como se producirá una imposición manu militari del gobierno de Sánchez.

Lejos del debate jurídico y financiero, la conclusión política no debe ser que los alcaldes están siendo insolidarios, sino que están haciendo lo que tienen que hacer en un asunto como éste: defender sus consistorios y a sus vecinos y hacer prevalecer la razón social sobre la política. Y acaso también, porque históricamente la estructura de nuestro país se ha basado principalmente en la preponderancia corona y eficiencia del municipio, en su relación con aquella y el Estado, de ahí el principio de autonomía local, tan poderoso, tan enjundioso y tantas veces atacado por cuanto solo creen en la concentración y la acumulación de poder alejándose del ciudadano.

Queda claro con lo anterior y por las reacciones habidas hasta ahora en el que apunta a convertirse en un debate tan largo como intenso, y tan enriquecedor como clarificador, al que podrán luz tribunales muy probablemente, que el municipalismo patrio sí tiene quién lo defienda y que sigue en pleno vigor. Pero hago seguidamente la siguiente pregunta y reflexión al hilo del asunto planteado: ¿tiene la Alhambra de Granada quién la defienda frente a su “descapitalización, que ya denuncié y que la pondrá en grave riesgo ante su futuro inmediato? La respuesta es lamentablemente “no”.

Adviértase que he citado al alcalde de Granada entre los adalides de la defensa de los fondos municipales —ignoro cuánto será el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Granada que está en la actualidad prácticamente en bancarrota—; y lo he hecho porque su posición en este asunto no deja de ser manifestativa de una doble vara de medir y de razonar, que revela como decía Schopenhauer que “cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa”. Porque el alcalde de Granada es también el vicepresidente del Patronato de la Alhambra y el Generalife, y jaleó y vio muy bien el Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que autorizó el reparto del remanente de tesorería de la Alhambra, —en total 48 millones de euros ahorrados con no poco esfuerzo de gestión durante décadas—, que tiene una finalidad muy concreta, entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, con destino al capítulo de inversiones de estos entes públicos, no del monumento, para el que solo se le han reservado un máximo de 5 con los que tendrá que hacer frente el año que viene y el siguiente a la más grave crisis presupuestaria de su historia.

Aquel mismo día, 18 de mayo, en presencia del alcalde, del delegado de Cultura y la Directora de la Agencia, y otros 19 representantes públicos y privados, pedí que se reflexionara y que se abriera el debate ante tan atentatoria y anodina decisión, tal cual era saquear la bolsa de la Alhambra, desposeyéndola, descapitalizándola, para repartírselo como un botín para la Junta y el Ayuntamiento tapar sus vergüenzas y carencias. Nada respondieron los agentes políticos citados. El alcalde se comprometió a plantear el debate, el delegado autonómico dijo lo que entiendo que no debió decir porque solo respondió a sus órdenes políticas poco justificables y la directora de la Agencia guardó sonoro silencio. Y desde ahí, salvo los acostumbrados pisotones por la retaguardia, nada de nada han hecho y en este momento amasan como repartirse el remanente de tesorería de la Alhambra y el Generalife de Granada.

Las preguntas que se pueden hacer, y que sin duda haremos a partir de este momento desde distintas instancias ciudadanas, son numerosas. Pero ahora hay dos primeras cuestiones que plantear, por obligadas. La primera es: ¿Tiene la Alhambra quién defienda su remanente de tesorería para que este no vaya a pagar lo que debe pagar la Junta de Andalucía con cargo a su presupuesto o el Ayuntamiento con cargo al suyo? La respuesta parece que es clara: “no”. Y la segunda es aún más obligada dado que la dirección de la Alhambra responde callando a las directrices de su partido y permite hacer de la capa un sayo —lo que sus predecesores nunca permitieron—: ¿Habría sido lo mejor designar al director del Patronato por concurso de méritos entre técnicos como reclamó su actual directora Rocío Díaz, ajena a todo tipo de gestión administrativa y patrimonial, cuando era concejal del Ayuntamiento granadino? La respuesta para mí no ofrece duda alguna por la dimensión del universal del conjunto: rotúndamente, sí. Entre otras razones a considerar, porque hay que alejar a la Alhambra fuera del mangoneo político y del saqueo sevillano.

CÉSAR GIRÓN

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